¿Por qué a los partidos políticos de izquierdas en España les cuesta tanto aplicar medidas coercitivas con asesinos en serie, que donde mejor están es en la cárcel?
Marta Calvo Burón, de 25 años, acudió la tarde noche del 7 de noviembre de 2019 a Manuel, un municipio situado en la comarca de la Ribera Alta, en la provincia de Valencia. Había quedado con un desconocido, al parecer a través de una web de citas. El asesino se llamaba Jorge Ignacio Palma y era de origen colombiano. Cuando Marta llegó al municipio tuvo la prudencia, de enviarle a su madre la localización. Esa fue la última noticia que se tuvo de ella.
Después de semanas de búsqueda y de una presión constante sobre Jorge Ignacio Palma, éste se entregó a la Policía y confesó el asesinato. Afirmó en sus declaraciones que Marta murió mientras realizaban un encuentro sexual donde él le introducía cocaína de alta pureza en el cuerpo (una práctica muy peligrosa, sobre todo para quienes se introducen dicha droga en el cuerpo, mientras realizan el acto de la penetración), que después de ocurrir dicho percance, se sintió presa de pánico y la descuartizo, introduciendo los restos en bolsas de basura que fue esparciendo por diferentes lugares cercanos y por zonas cercanas al río Albaida. Su cuerpo nunca se encontró.
El juicio acabó celebrándose en 2022, es decir tres años después. Al mismo se llegó sin la confesión de Jorge sobre la localización del cadáver de Marta, pero con la certeza policial de que estaban frente a un asesino en serie, se siguió investigando y se descubrió que con esa practica de sexual de introducir cocaína por el órgano genital femenino y por el ano, ya había matado a dos mujeres con anterioridad e intentado hacerlo con otras (las fuentes no acaban de tener seguridad sobre la cifra) seis u ocho mujeres. Las otras dos fallecidas fueron, la brasileña Arline Ramos (32 años) y la colombiana Marcela Vargas (26 años), ambas prostitutas, aunque este dato no es relevante.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia lo condenó a la pena de 159 años y 11 meses por el triple asesinato. Pero en septiembre de 2024, el Tribunal Supremo decidió aplicar el artículo 140.2 del Código Penal, al entender que con el asesinato de Marta, su asesino concurría en el supuesto de “asesino múltiple” y tomó la decisión de condenarlo a cadena perpetua revisable.
Sin embargo, los condenados a cadena perpetua revisable pueden tener beneficios penitenciarios, dado que en el sistema español, a partir de los 25 años cumplidos permite que sea una junta de evaluación quien analice si un prisionero después de ese tiempo puede ser reinsertado. Incluso puede llegar a tener el tercer grado por buen comportamiento y una evaluación favorable. Con estos matices, se huye del concepto de cadena perpetua, que tanta mala prensa levanta. Pero en el caso de Marta Calvo Burón, la justicia y los políticos se han encontrado con una madre combativa que pretende que dichos beneficios le sean retirados a todos aquellos delincuentes que, condenados a cadena perpetua revisable y otros, no aporten el cuerpo.
Una de las desgracias más aterradoras que sufren las familias donde alguno de sus miembros desaparece, sabiendo además que ha sido asesinado, es la de no poder cerrar el duelo hasta no encontrar el cuerpo y poder así enterrarlo en un lugar concreto para poder llorar su perdida. Tenemos en nuestro país el caso de Marta del Castillo, o el de Marta Calvo, entre otros.
Por ello, la madre de Marta Calvo, Marisol Burón le ha pedido a la justicia que vote a favor de esta petición, que los asesinos condenados a cadena perpetua revisable no puedan obtener beneficios penitenciarios mientras no entreguen el cuerpo de sus víctimas.
Hace unos días se votó en el Congreso de los Diputados en España dicha propuesta. Los partidos políticos: PP, VOX y UPN (Unión del Pueblo Navarro), votaron a favor, estos partidos estaban de acuerdo en agravar la pena si no era entregado el cuerpo; mientras que PSOE, Sumar, PNV, ERC, Junts y EH Bildu, votaron en contra por considerar que dicha petición era populista.
Indudablemente, cuando los partidos políticos se alejan de su pueblo, no acaban de entender el profundo dolor que supone la perdida de un ser querido y no saber ni tan siquiera donde se encuentra.
Ahora que tanto se menciona el derecho internacional para esgrimirlo desde Europa contra la guerra de Irán, mientras allí se cuelgan de las grúas, todos los días, a represaliados por el régimen iraní, ¿por qué no se mencionan los derechos humanos de los familiares a los que no se les facilita cerrar el duelo dignamente?
Tanto interés dentro de la ley de memoria histórica para buscar restos (eso sí, solo de un bando) de un conflicto doloroso que ocurrió hace mas de 90 años, me refiero a la Guerra Civil, poco interés se tiene, por parte de la izquierda gobernante en España de fomentar el castigo para quienes no respeten el dolor de los familiares de sus asesinadas.
La Constitución española, prioriza la reinserción, de acuerdo. Pero también prioriza el derecho al cumplimiento de los Derechos Humanos. Una familia que no puede cerrar el duelo, porque los asesinos no entregan el cadáver, es una estrategia ignominiosa. Los asesinos, así, pueden estar riéndose de los familiares de sus víctimas durante toda su vida. Es como darles el control del dolor que infringen cada día a los familiares de la persona que asesinaron. Es servirles en bandeja cada mañana en el desayuno, el corazón roto de los familiares allegados para que los sigan estrujando. Con quien desmiembra un cadáver y hace desaparecer los restos, no debería existir piedad, si compasión. Que vivan para lamentar lo que hicieron, sin posibilidad de libertad revisable en algunos casos. Esto no contraviene absolutamente ningún derecho internacional ni tan siquiera la Constitución española.
Lo que contraviene el Derecho Internacional es que los asesinos, ya sean Estados, o personas puedan seguir marcando el rumbo de la historia con sus crímenes, ya sea contra pueblos o personas individuales.
