El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estratégico de Educación Inclusiva

• El objetivo es avanzar hacia un sistema que garantice que todo el alumnado pueda aprender, participar y desarrollar sus capacidades, con independencia de sus circunstancias personales o sociales

• El plan constituye un instrumento de orientación estratégica, de carácter no normativo, flexible y progresivo, que no altera el marco competencial vigente y se enmarca en el ejercicio de las funciones estatales de ordenación, coordinación y cooperación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031. Se trata de una hoja de ruta con un marco común para garantizar el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Tiene como finalidad identificar y eliminar las barreras que dificultan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes, con independencia de sus circunstancias personales, familiares o sociales.

Se basa en lo establecido en la LOMLOE, que encomienda al Gobierno que en colaboración con las administraciones educativas desarrolle un plan para que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones a su alumnado.

La estructura del plan se organiza en nueve ámbitos de actuación interrelacionados que responden a una visión integral de la educación inclusiva. Este es ambicioso a la vez que realista y está enfocado a generar un cambio de mirada: pasar de la respuesta individual a la transformación colectiva del sistema educativo. Busca poner en el centro la educación inclusiva como base de una educación de calidad.

Entre las líneas de actuación se encuentra la colaboración de los centros de educación especial con los centros ordinarios. Además de continuar escolarizando al alumnado que requiera una atención muy especializada en los centros de educación especial, se pretende impulsar la función de estos como centros de referencia y apoyo para los ordinarios.

Se contempla, asimismo, una organización más flexible de los apoyos y recursos específicos existentes en los centros ordinarios, de manera que se configuren como recursos complementarios y temporales al servicio del aula ordinaria, mediante el establecimiento de directrices claras que garanticen su vinculación efectiva y de calidad con la modalidad ordinaria de escolarización.

El plan también pone el foco en la equidad, promoviendo una escolarización equilibrada del alumnado y en la cohesión territorial, con especial atención a la prevención de la segregación escolar y la reducción de las desigualdades sociales y económicas.

Plantea, además, reforzar los apoyos en los centros educativos que afrontan mayores barreras contextuales, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que ningún estudiante quede atrás. En la hoja de ruta se definen una serie de objetivos estratégicos, claves para disponer de una educación de calidad.

Entre ellos figuran la prevención de la distribución desigual del alumnado y la garantía de una escolarización socialmente equilibrada, la promoción de culturas inclusivas basadas en el respeto y el reconocimiento de la diversidad, la accesibilidad universal en los centros y en los entornos de aprendizaje, el desarrollo de un currículo inclusivo y de metodologías que aseguren la participación y el progreso de todo el alumnado, la dotación de recursos personales suficientes y una organización profesional colaborativa al servicio de la inclusión.

Se considera fundamental reforzar las plantillas docentes y los recursos de asesoramiento y apoyo, así como la estabilidad y el reconocimiento profesional de todo el personal para consolidar equipos de trabajo estables y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos educativos inclusivos.

Entre otras metas a cumplir se encuentran la formación inicial y permanente en educación inclusiva como eje del desarrollo profesional y el refuerzo de la colaboración interinstitucional para asegurar coherencia y sostenibilidad en las políticas inclusivas.

El afianzamiento de la función de los centros de educación especial como centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios, el fortalecimiento de la corresponsabilidad con familias y comunidad como parte estructural de la inclusión y la integración de la innovación educativa y las tecnologías de inteligencia artificial son otras de las medidas recogidas en el plan.

Este constituye un instrumento de orientación estratégica, de carácter no normativo, flexible y progresivo, que no altera el marco competencial vigente y se enmarca en el ejercicio de las funciones estatales de ordenación, coordinación y cooperación en materia de educación no universitaria.

Contará, además, con un sistema de seguimiento y evaluación periódica que permitirá analizar los avances realizados e identificar los ámbitos en los que sea necesario continuar trabajando. En su elaboración han intervenido el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las comunidades autónomas, el Consejo Escolar del Estado, el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, organizaciones sociales, universidades, grupos de investigación y otros agentes vinculados a la inclusión.

El documento ha sido analizado y validado por la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva, que, además, ha realizado aportaciones para enriquecerlo y para llevar a cabo una estrategia de plan operativo. Recoge también el consenso del Consejo de Europa sobre educación inclusiva y cumple con lo que establecen la Convención sobre los Derechos del Niño, la Agenda 2030, las orientaciones de la UNESCO, de la Unión Europea y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con la aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, el Gobierno reafirma su compromiso con un sistema educativo que responda a la diversidad del alumnado y trabaje para eliminar las barreras que dificulten el aprendizaje y la participación. Una escuela inclusiva no beneficia solo a quienes necesitan más apoyos, sino que favorece a todas y a todos, mejora la convivencia, fortalece la igualdad de oportunidades y construye una sociedad más cohesionada. La educación inclusiva es un derecho.