Marruecos ocupa una posición geopolítica privilegiada. Su papel en el control de la inmigración irregular, la lucha contra el terrorismo y su estrecha cooperación con la Unión Europea y Estados Unidos lo convierten en uno de los principales socios occidentales en el norte de África. Sin embargo, esa importancia estratégica convive con una realidad que continúa siendo objeto de críticas por parte de numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos, a pesar de que Europa y otros países como España, permitan que los derechos humanos sean vulnerados de manera permanente sin que al reino alauita se le condene.
Informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversos relatores de Naciones Unidas coinciden en señalar que el país mantiene importantes limitaciones en el ejercicio de libertades fundamentales. Aunque Rabat ha impulsado reformas legales e institucionales durante las dos últimas décadas, los avances son considerados insuficientes por buena parte de la comunidad internacional.
Libertad de expresión bajo presión.
Uno de los aspectos más cuestionados es la situación de periodistas independientes, blogueros y defensores de los derechos humanos. Algunos de ellos perseguidos por el propio régimen de manera directa. Uno de dichos bloqueros, afincado en Ceuta, comentaba hace unos días frente a las cámaras de televisión desplazadas a Ceuta, debido a la última avalancha de personas, que sus comentarios en redes sociales le habrían acarreado pena de muerte (desaparición) si entraba en territorio marroquí.
Diversos profesionales de la información han sido condenados en procesos que organizaciones internacionales consideran carentes de suficientes garantías o en los que se habrían utilizado acusaciones de derecho común para neutralizar voces críticas con el poder.
La legislación marroquí continúa contemplando delitos relacionados con críticas a la monarquía, al islam o a la integridad territorial del país, especialmente respecto al Sáhara Occidental, cuestiones consideradas líneas rojas por las autoridades, máxime desde que el presidente español Pedro Sánchez le diera carta blanca sobre dicho tema, reconociendo la hegemonía de Marruecos sobre dicho territorio.
El resultado es un entorno en el que numerosos periodistas optan por la autocensura para evitar sanciones administrativas, procesos judiciales o penas de prisión.
Restricciones al derecho de reunión.
Las manifestaciones no autorizadas suelen ser objeto de disolución por parte de las fuerzas de seguridad. Sin contemplaciones.
Colectivos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos denuncian obstáculos administrativos para organizar concentraciones públicas, especialmente cuando afectan a cuestiones políticas sensibles y nunca para manifestarse en contra de la Corona.
En algunas ocasiones también se han documentado detenciones de organizadores y participantes.
El Sáhara Occidental.
El conflicto del Sáhara Occidental constituye uno de los principales focos de preocupación internacional. Las organizaciones de derechos humanos denuncian restricciones a la actividad de activistas saharauis, dificultades para documentar presuntas vulneraciones y limitaciones al trabajo de observadores internacionales.
Por su parte, Marruecos sostiene que garantiza los derechos fundamentales en el territorio y rechaza muchas de las acusaciones formuladas por organismos internacionales. La falta de consenso internacional sobre el estatus del territorio continúa condicionando el seguimiento independiente de la situación.
Además, desde que España modificó su actitud sobre las tierras y los pueblos del Sahara Occidental, la Unión Europea, parece estar mirando para otro lado. Aquellas tierras y aquellas gentes no son problema suyo, debido a que Marruecos no pertenece a Europa.
Independencia judicial.
Otro de los aspectos recurrentemente señalados y denunciados es la independencia del sistema judicial marroquí. Diversos observadores extranjeros consideran que los tribunales son influenciados por el poder ejecutivo, especialmente en procedimientos relacionados con seguridad nacional, terrorismo o causas políticamente sensibles. Y aunque el Gobierno marroquí rechaza estas acusaciones y sostiene que las reformas emprendidas en 2011 han fortalecido la independencia de la justicia, al parecer nadie se lo cree, ni dentro ni fuera del país.
Vigilancia digital.
Investigaciones realizadas por diversos medios internacionales y organizaciones especializadas han situado a Marruecos entre los países presuntamente vinculados al uso del programa de espionaje Pegasus. Según estas investigaciones, periodistas, abogados, opositores políticos y defensores de derechos humanos habrían sido objeto de vigilancia mediante teléfonos móviles.
Por otro lado, las autoridades marroquíes han negado reiteradamente haber utilizado dicho software para espiar a ciudadanos o responsables extranjeros. Sin embargo, nadie duda de la utilización del mismo contra el Presidente del estado español Pedro Sánchez y sus teléfonos móviles; tanto de él como de alguna otra persona del ejecutivo español. El contenido, al parecer de dichos móviles, habría sido utilizado para hacer que la política exterior con relación al Sahara Occidental fuera modificada ipso facto por parte de la presidencia del Gobierno español. Muchos medios, hablaron de chantaje. Sin embargo la información relevante sobre dicho asunto fue declarada secreto de estado y se sumergió en el silencio.
Derechos de las mujeres.
En los últimos años se han producido avances significativos, especialmente en materia de reforma del Código de Familia y lucha contra determinadas formas de violencia de género. No obstante, organizaciones feministas consideran que persisten importantes desigualdades jurídicas en cuestiones relacionadas con herencias, tutela familiar y protección efectiva frente a la violencia machista.
Este tema, el de la mujer requiere sin duda una mayor profundidad, pues aunque Marruecos se define como una nación progresista en cuanto a los derechos de las mujeres, la realidad social nos indica otra serie de cuestiones sobre las que merece la pena indagar. La mujer como una propiedad del hombre, sigue siendo una constante en el ideario mental de los hombres marroquíes afincados en su territorio.
Derechos de las personas LGTBI.
Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo continúan estando penalizadas. Esta situación ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de organismos internacionales, que reclaman la derogación de las disposiciones penales que afectan a la comunidad LGTBI.
Al igual que en el resto de los 51 estados islámicos, con Marruecos 52, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son permanentemente castigadas, como mínimo con latigazos, y cárcel, en otros países, sencillamente se les condena a muerte. Es por ello que cuando las organizaciones europeas de colectivos LGTBI se lanzan a la defensa de causas relacionadas con países musulmanas, sobre todo desde el colchón de sociedades democráticas, se confunden si consideran que su voz va a ser tenida en cuenta. Pongamos un ejemplo, si en las diferentes «flotillas» que salieron de España, torpemente manipuladas por políticos infames y Ongs que obtienen pingües beneficios con dichas causas, hubieran caído en manos de Hamás, todas las personas que hubieran sido identificadas como pertenecientes a dichos colectivos LGTBI, muy probablemente hubieran sido asesinadas.
Migración.
La posición geográfica de Marruecos lo convierte en país de tránsito hacia Europa. Organizaciones humanitarias han denunciado expulsiones colectivas, desplazamientos internos forzosos de migrantes y uso excesivo de la fuerza durante determinadas operaciones policiales.
Mientras las autoridades defienden que actúan para combatir las redes de tráfico de personas y garantizar la seguridad fronteriza. Sin embargo, es conveniente dejar claro que Marruecos percibe suculentas cantidades de dinero por parte de la Unión Europea y de España por servir de guardián en dichas fronteras. En cuanto al término «mafias», nada mejor que un eufemismo tan genérico que exculpe de toda culpa a quienes realmente la tienen, que son los gobiernos y sus jefes respectivos en cada uno de los países implicados.
Un equilibrio complejo.
La comunidad internacional mantiene una relación ambivalente con Marruecos. Y ahora más, teniendo en cuenta las relaciones abiertas con Estados Unidos e Israel, al ceder España su liderazgo con dichas naciones por cuestiones espurias que merecerá la pena analizar mucho más despacio. Por un lado, reconoce su papel estratégico en materia de estabilidad regional, cooperación económica y control migratorio. Por otro, continúa reclamando avances efectivos en derechos humanos, libertad de prensa, independencia judicial y garantías procesales.
Este equilibrio entre intereses geopolíticos y exigencias democráticas explica que las críticas internacionales raramente se traduzcan en sanciones de relevancia política o económica. Este equilibrio entre intereses geopolíticos y exigencias democráticas explica que las críticas internacionales raramente se traduzcan en sanciones de relevancia política o económica.
Cada una de las cuestiones tratadas en el presente artículo, pueden ser desarrollas con informaciones de informes de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights, y otras organizaciones. Sin embargo, creo que esta aproximación basta para sostener que Marruecos es un país ciertamente poco democrático que se rige por las particulares arbitrariedades de la Corona, que es quien dirige como una Monarquía absoluta los destinos del país.
Dicho lo anterior, alguien puede pensar que los últimos acontecimientos acaecidos en Ceuta, son productos de las «mafias». Curiosamente un mensaje compartido por los estamentos políticos del país africano, y por el gobierno de España. «Las mafias» un termino ambiguo que pone punto final a más de cien muertos y a decenas de personas que, infringiendo leyes internacionales, se han aposentado en territorio español sin que nadie parezca querer expulsarlos.
