Cuando uno se asoma a los medios de comunicación internacionales y lee con cierta intensidad las noticias relacionadas con el pretendido interés del Presidente de los EE.UU. Donald Trump sobre Groenlandia y observa como las autoridades danesas y europeas se rasgan las vestiduras criticando el presunto imperialismo de dicho presidente al considerar su interés por esta zona del Ártico, se olvidan de comentar con el mismo ardor guerrero, que todavía está pendiente el contencioso que tiene Dinamarca, y por extensión la Unión Europea (cobarde), con los aborígenes groelandeses cuando se menciona el caso, todavía sin resolver de la esterilización de niñas y jóvenes por parte de Dinamarca, aproximadamente, entre los años 1960 a 1970 (1975).
Los hechos probados consideran que durante la década de 1960 a 1975, el Reino de Dinamarca llevó a cabo un programa secreto de control de natalidad en Groenlandia, territorio que forma parte de Dinamarca. Estos programas implicaron, en muchos casos (no así en otros), la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) en niñas y adolescentes groelandesas, en general sin su consentimiento informado ni el de sus familiares. Este episodio se ha conocido popularmente como el «caso del espiral» (spiralsagen) haciendo referencia al DIU y en especial a su forma.
Es conveniente informar claramente que durante aquellos años (1960-1975), se dieron en Dinamarca, nueve gobiernos diferentes denomiandos: Gobierno Hansen II, Gobierno Kampmann I, Gobierno Kampann II, Gobierno Krag I, Gobierno Krag II, Gobierno Baunsgaard, Gobierno Krag III, Gobierno Jorgensen I, y Goberino Hartling. En todos ellos, salvando al Partido de la Justicia, estuvieron el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, salvo en el último. ¿Ninguno de aquellos políticos sabía nada de dicho proyecto que competía al control de la población de una zona importante de su territorio? ¿Los ministros de Sanidad en cada gobierno no tenían conocimiento de lo que estaba sucediento? ¿Quiénes fueron los médicos que, al más puro estilo nazi, crearon un protocolo injustificable para diezmar a la población groenlandesa?
Se ha estimado, a lo largo de las investigaciones posteriores que entre 4.000 y 4.500 niñas y adolescentes groenlandesas fueron sometidas a dicho procedimiento de esterilización (control de la natalidad) entre 1960 y 1975. Como ya comenté antés muchas de ellas eran menores de edad, prácticamente se han descubierto casos de niñas de 12 años. Por supuesto se tiene claro que el programa fue realizado por autoridades médicas danesas de las cuales no se han facilitado nombres de manera oficial. Y por supuesto, con el paso de los años, las afectadas no han sido ni resarcidas económicamente ni informadas de manera adecuada.
En 2022, Dinamarca y Groenlandia acordaron llevar a cabo una investigación (hoy día, más de 50 años después -1975-, las responsabilidades habrán prescrito, las damnificadas ya habrán fallecido o serán muy mayores y los culpables, médicos y políticos también), para esclarecer los hechos.
Dicha investigación (tardía y anacrónica), intenta establecer quienes fueron los culpables, quienes ordenaron las medidas (políticos) y quienes las ocultaron a lo largo de los años transcurridos. Por supuesto, ahora se pretende analizar cuales pudieron ser las secuelas psicológicas, físicas o sociales para los afectados; algo imposible de valorar dado que el tiempo transcurrido diluye el dolor de quienes lo sufrieron. Y aunque muchas organizaciones han pedido responsabilidades y compensaciones, el informe final que debería haber estado listo en el pasado 2025, todavía espera en el cajón de algún primer ministro para ver la luz.
A lo largo de los últimos años, han surgido voces, afirmando que no fueron esterilizaciones quirúrgicas, sino un uso masivo de dispositivos anticonceptivos sin conociemiento pleno. Como si eso, de alguna manera justificara la aplicación realizada por los médicos del sistema sanitario danés. Dicho de otra manera, la violencia del estado fue brutal, sobre todo porque se dirigió contra la población indígena inuit de Groenlandia.
De nada sirve, que 47 años después de terminados los hechos, en 2022, el gobierno danés pidiera disculpas oficialmente, que no perdón, frente a tamaña violación de los derechos humanos de dicha población. Cuatro años después (2026) se sigue esperando un informe que, a todas luces se podría haber realizado en cuatro días. Los culpables: los gobiernos de la época y sus siguientes predecesores hasta nuestros días, los servicios sanitarios, y así hasta un largo etcétera de personas que, sin duda, deberían ser castigadas, al menos públicamente.
Ahora, todos los medios daneses, y demás países europeos se aprestan a defender Groenlandia, pero sin valorar a la población indígena que se vio diezmada por una práctica colonial denigrante.
Sin duda, no sé, en el conflicto creado por Donald Trump, con quién estarán mejor los groelandeses, pero sin duda, si tengo claro que los aborígenes inuit que queden, con Dinamarca seguro que no. Los actos cometidos por Dinamarca entre 1960-1975 son susceptibles de ser estudiados en la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad de un estado presuntamente democrático. Diezmar una población o plantear su sustitución es un acto despreciable, y si lo consiente un estado, todavía más.
